No todas las empresas tienen la capacidad económica para llevar a cabo los cambios establecidos, opina experta

TIJUANA.- La regulación de la figura de la subcontratación u outsourcing atiende una evasión de impuestos de entre 300 y 500 millones de pesos al año según las autoridades. De acuerdo con la Dra. Rosa Sumaya Tostado, coordinadora de la Licenciatura en Contador Público Internacional de CETYS en Tijuana, no todas las empresas podrán afrontar la regulación al corto plazo.

La aprobación de este paquete incluye modificaciones a diversas leyes como la del Trabajo, la del Infonavit, del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado, así como del apartado B del artículo 123 de la Constitución.

La Dra. Tostado señala que el sentido del Pleno de la Cámara Alta ante estas reformas fue evitar la evasión de impuestos, la defraudación fiscal y la evasión en el pago de cuotas patronales al IMSS y al Infonavit.

“Las empresas que hacían uso de esta figura (algunas de mala fe, según algunos comentarios y hasta denuncias que las mismas autoridades han hecho) ya no podrán operar y dar el servicio como hacían. Ante esto y pensando como empresario, la pregunta será: ¿y ahora cómo resolveremos esta nueva situación laborar y administrativa?” reflexionó la experta de la Escuela de Administración y Negocios de Campus Tijuana.

Señaló que, más allá de si es justa o injusta la situación que trajo la regulación, la principal preocupación para los empresarios es respecto a la inversión que tendrán que hacer para preparar sus medios de contratación y manejo legal de sus empleados.

“Los administradores tienen ahora un problema de carácter organizacional por resolver de inmediato. Tienen, por ejemplo, que contratar por sus medios a un personal que antes no tenían bajo su responsabilidad total. Aquí no resuelve el problema administrativo financiero el saber si fue injusta la figura o no, aquí el problema se resolverá con recursos materiales y financieros y eso, en esta época, son escasos”, expresó la Dra. Sumaya Tostado.

En ese sentido, agregó que el Senado no mencionó cómo facilitarán el tránsito de un método de utilización de personal al nuevo. “Ese problema, tal vez no lo consideren su problema y lo vean como un problema ajeno y de carácter empresarial únicamente, sin embargo, las empresas son el motor de la economía y la economía es un asunto de todos. Las empresas pueden y deberán cambiar cuando las reglas no sean justas para el empleado.Muchos empresarios no actuaron de mala fe, no todo es malo en el actuar de los empresarios, a pesar de que algunos hayan hecho mal uso de las oportunidades legales”.

Cabe destacar que, con base en el reporte de los resultados de la segunda edición del ECOVID-IEY del estudio sobre la demografía de los negocios 2020, INEGI:“La disminución en 2020 de los ingresos fue el principal tipo de afectación que reportaron 79.2% de las empresas y que, de los 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal registrados en los Censos Económicos 2019, 99.8% pertenecen al conjunto de establecimientos micro, pequeños y medianos” empresas las que ocupan 30.7% del personal ocupado en nuestro país”.

“La pregunta final a este comentario es: ¿estarán capacitadas financiera y estructuralmente las empresas de este tipo y que han utilizado la figura del outsourcing, para soportar un cambio legal de esta magnitud?”, cuestionó la docente de CETYS Universidad.

Las reformas establecen que las empresas no podrán contratar a trabajadores bajo este sistema para realizar tareas permanentes o esenciales, sino únicamente en casos de trabajos especiales y temporales.