Ahora por delincuencia organizada, libran nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de República (FGR) notificará en breve Rosario Robles, extitular de las desaparecidas secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario (Sedatu), sobre una nueva orden de aprehensión en su contra, ahora por delincuencia organizada.
Con esto se complica la situación jurídica de Robles y se aleja la posibilidad de que pueda obtener en el corto tiempo su libertad condicionada como lo solicitó.
Autoridades federales confirmaron que un juez federal del Estado de México, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, concedió el nuevo mandamiento judicial contra Robles y algunos de sus excolaboradores, aunque no detallaron cuántas órdenes de captura son, ni contra quiénes más.
Explicaron que la nueva imputación contra Robles también está relacionada con la llamada Estafa Maestra y deriva de una nueva denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esta orden se da a unos días de que se diera a conocer las negociaciones que mantiene Emilio Zebadúa, cercano a Robles, para convertirse en testigo colaborador de la FGR, con el fin de declarar contra Robles y otros exfuncionarios, a cambio de beneficios procesales.
Si el juez accede a iniciar un nuevo proceso penal contra Robles, que es lo previsible, la extitular de Sedesol y Sedatu verá diluida la posibilidad de obtener su libertad condicionada ya que el delito de delincuencia organizada no prevé esa figura jurídica bajo ninguna circunstancia.
Robles se encuentra actualmente interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, acusada de delito de ejercicio indebido del servicio público.
La FGR la acusa de no haber evitado o denunciado ante su superior jerárquico el desvío de 5 mil 73 millones de pesos del erario federal asignado a las dependencias que encabezó.
Robles litiga la posibilidad de obtener su libertad condicionada ya que el delito de ejercicio indebido del servicio público por el que se le detuvo el 13 de agosto de 2019, no amerita la prisión preventiva oficiosa y permite la posibilidad de seguir su proceso en libertad.