Impulsan en el Congreso, un entorno laboral más digno para trabajadores del gobierno con alguna discapacidad

MEXICALI.- Una iniciativa de reforma al artículo 24 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los tres Poderes del Estado y de los Municipios para que, en el caso de los trabajadores con algún tipo de discapacidad, los titulares de las dependencias puedan establecerles una jornada de trabajo que se adecúe a sus necesidades y condiciones, fue presentada por la diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco.
En la actualidad, un gran número de personas con algún tipo de discapacidad, se encuentran laborando y prestando sus servicios en los órganos de gobierno de los tres niveles y lo hacen en igualdad de circunstancias en relación a las funciones y actividades que desempeñan, es decir, cumplen sus tareas sin ningún tipo de preferencia.
Con la propuesta de reforma, se busca impulsar que los derechos de los trabajadores con alguna discapacidad avancen progresivamente, con la intención de lograr un justo equilibrio en las prerrogativas que las leyes les conceden.   
La diputada hizo referencia a los artículos primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 1 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de los que se deriva el reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley y la obligación del Estado para adoptar las medidas pertinentes para que puedan ejercer plenamente su capacidad jurídica.
Por su parte la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, contiene en sus artículos medidas públicas que las autoridades locales deben observar para garantizar derechos laborales, así como la inclusión de servidores públicos con discapacidad.
Resulta también relevante, lo establecido por los tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación a fin de establecer la obligación del Estado Mexicano en el modelo social de discapacidad.
Por ello la intención legislativa estriba principalmente en que los trabajadores pertenecientes a la administración pública estatal y municipal, disfruten de una mejor protección y se les otorguen condiciones laborales adecuadas, que les proporcionen un entorno laboral más digno.