CIUDAD DE MÉXICO.- Israel Vallarta Cisneros, acusado en 2005 de encabezar la supuesta banda de secuestradores “Los Zodiaco”, fue absuelto este jueves por una jueza penal del Estado de México, quien determinó que no existían pruebas suficientes para mantenerlo privado de la libertad. Su liberación representa el cierre de uno de los casos más polémicos y emblemáticos del sistema de justicia mexicano, marcado por tortura, violaciones al debido proceso y montaje mediático.

La sentencia absolutoria fue dictada por la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, quien concluyó que durante el proceso no se logró acreditar la responsabilidad penal de Vallarta en los delitos que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR): secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.

La resolución fue notificada la noche del 31 de julio y se espera en las próximas horas se dé su salida del penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

La noticia fue confirmada por su pareja sentimental y defensora, Mary Sainz, quien escribió en la red social X: “¡Por fin! #IsraelVallartaLibreYa acaban de notificar sentencia absolutoria (…) después de casi 20 años sin sentencia, ¡por fin!”.

Israel Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005, junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en el rancho “Las Chinitas”, en la carretera México-Cuernavaca.

Al día siguiente, fueron presentados ante las cámaras de televisión como parte de un supuesto operativo en vivo de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigido por Genaro García Luna. Años después, se comprobó que dicho operativo fue un montaje televisivo, preparado con antelación y escenificado para los medios.

Cassez fue liberada en 2013 tras obtener un amparo por violaciones al debido proceso, pero Vallarta permaneció en prisión desde entonces, sin sentencia.

Durante estos años, diversos organismos nacionales e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Comité contra la Tortura de la ONU, alertaron sobre la falta de garantías procesales en su caso. En particular, destacaron la existencia de indicios de tortura documentados mediante el Protocolo de Estambul, lo que refuerza la acusación de tratos crueles y degradantes tras su detención.

Además, el 15 de julio de 2025, un Tribunal Colegiado de Apelación ordenó revisar su situación jurídica y la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar los señalamientos de tortura y el tiempo extraordinario sin sentencia. Esta decisión abrió la puerta a que la jueza analizara el fondo del caso y, finalmente, emitiera una sentencia absolutoria.

Durante la última audiencia formal del juicio, celebrada el 31 de enero de 2025, se cerró la etapa de instrucción, lo que dio paso a los alegatos finales y la evaluación de las pruebas. Pese a que la Fiscalía solicitó una condena de 329 años de prisión para Vallarta, no logró acreditar su responsabilidad con evidencia contundente.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador abordó durante su sexenio en múltiples ocasiones el caso de Vallarta durante sus conferencias matutinas, calificándolo como un ejemplo extremo de injusticia por la prolongada prisión sin sentencia. No obstante, también fue claro al señalar que no podía concederle un indulto debido a que nunca hubo una sentencia en firme en su contra.

“Es una gran injusticia, pero no podemos intervenir mientras no haya sentencia. Lo tiene que resolver el Poder Judicial”, expresó en reiteradas ocasiones. La absolución por parte del Poder Judicial desbloquea ahora cualquier otra acción que pudiera considerarse desde el Ejecutivo.

A lo largo del proceso, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) impulsó recursos legales para que Israel pudiera enfrentar su juicio en libertad. Sin embargo, en 2024, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Segundo Circuito validó la prisión preventiva, argumentando que la FGR justificó el riesgo procesal.

El IFDP calificó esta resolución como errónea, al no considerar un análisis de riesgo elaborado por la Guardia Nacional, el cual concluyó que Israel Vallarta contaba con un domicilio fijo y no representaba riesgo de fuga.

También reclamó que se ignoraron las observaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, que desde 2019 recomendó sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas, tomando en cuenta la salud de Vallarta y la falta de sentencia.

El caso de Israel Vallarta ha sido utilizado por organizaciones de derechos humanos, periodistas y analistas para visibilizar la fabricación de culpables, la manipulación mediática de la justicia y el uso abusivo de la prisión preventiva en México.

En la misma causa se ha vinculado también el caso de Florence Cassez, y por extensión, el de Juana Hilda González, implicada en el caso Wallace, quien fue liberada recientemente tras más de una década presa en condiciones similares. Cabe recordar que en su momento, a Vallarta también se le asoció con el caso de Hugo Alberto Wallace.