CIUDAD DE MÉXICO.- Veinte de los 32 estados México cuentan con leyes de voluntad anticipada -también llamada eutanasia pasiva- que permiten al paciente rechazar tratamientos médicos en momentos críticos, si bien este tipo de legislación no reconoce la eutanasia activa, como sí ocurre en Colombia, Canadá y, eventualmente, Uruguay, si prospera el proyecto que comenzará a debatirse mañana martes en la Cámara de Diputados.

En México, la Ley General de Salud prohíbe “la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido”, según indica el Artículo 166 Bis 21 de dicha legislación.

No obstante, varios Congresos locales han reformado sus leyes para permitir que los pacientes expresen en un documento notariado su decisión de no recibir tratamientos médicos en caso de padecer una enfermedad en etapa avanzada o terminal.

La Ciudad de México fue la primera en aprobar una ley de voluntad anticipada en 2008.

Esta legislación establece el derecho a decidir “ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona”.

Hasta ahora, otras catorce leyes de voluntad anticipada han sido aprobadas en los estados de Aguascalientes (2009), Michoacán (2009), Hidalgo (2011), Guanajuato (2011), Guerrero (2012), Estado de México (2013), Colima (2013), Oaxaca (2015), Yucatán (2016), Tlaxcala (2016), Zacatecas (2018), Veracruz (2018), Sonora (2021) y Puebla (2024).

En otros cinco estados, se han aprobado legislaciones similares que regulan el derecho de enfermos terminales a recibir cuidados paliativos y rechazar tratamientos que prolonguen innecesariamente la vida, como Jalisco (2018), Nayarit (2012), Tabasco (2009), San Luis Potosí (2009) y Coahuila (2008).

En estos últimos, no se utiliza el término “voluntad anticipada” como título de la ley, pero sí regulan la eutanasia pasiva al permitir a los pacientes suspender los tratamientos si así lo desean.

A nivel federal, se han presentado iniciativas “aisladas” para aprobar una ley de eutanasia activa, -similar a la que está próxima a votarse en Uruguay-, pero ninguna de estas propuestas ha avanzado, según explicó la experta en derecho internacional, Neydy Casillas.

Para Casillas, existe un “riesgo” de que una ley de eutanasia activa avance en México, dada la debilidad del sistema de salud y la falta de acceso universal a los cuidados paliativos, lo que podría llevar a los pacientes a optar por la eutanasia.

“Autorizar la eutanasia en un contexto donde muchas personas carecen de acceso a cuidados paliativos significa ofrecer la muerte como respuesta al sufrimiento, en lugar de aliviarlo de forma integral, privando al enfermo del amor y el cuidado que necesita una persona en su estado”, opinó la especialista.

Otro riesgo que ve la experta en sistemas de salud con limitaciones económicas, tanto en México, como en Uruguay -en menor medida- , es que “se perciba al enfermo terminal como una carga y la eutanasia como una forma ‘eficiente’ de liberar recursos, priorizando el costo sobre el cuidado”.

Esto, advirtió Casillas, “podría directamente privar a muchos pacientes del derecho o la posibilidad de acceder a tratamientos costosos”.

Siete de cada diez mexicanos están a favor de la eutanasia o el suicidio medicamente asistido, según una encuesta realizada en 2022 por la organización civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD). (Con información de EFE).