TIJUANA.- La Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco” externó   su profunda preocupación por la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al considerar que privilegia a la autoridad sobre la ciudadanía, debilitando gravemente el acceso a la justicia y los derechos fundamentales.

La Lic. Estefanía Campos García, presidenta de la Barra recordó que el juicio de amparo ha sido históricamente el instrumento más importante para la defensa de los mexicanos frente a actos arbitrarios de las autoridades. Sin embargo, la reforma propuesta limita la defensa de derechos colectivos, beneficiando únicamente al quejoso al exigir pruebas de afectaciones directas; así también limita la suspensión de actos reclamados, permitiendo que se ejecuten actos de autoridad que pueden llegar a ser inconstitucionales y generar daños irreparables para las personas;

“También contempla la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, ya que anula la posibilidad de obtener suspensiones por parte del juez federal en contra estas determinaciones, aun cuando se realicen sin control judicial previo. Esto significa que personas físicas y empresas podrían quedar sin acceso a su patrimonio durante meses o años, con daños irremediables, incluso si al final se declara que la medida fue inconstitucional”.

Por otra parte, impide que el amparo suspenda cualquier orden judicial de prisión preventiva oficiosa y que, en la práctica, una persona acusada de cierto delito sea privada de su libertad sin que un juez valore su caso concreto, negándole este derecho mientras se demuestra su inocencia. Con ello, México se aparta de los estándares internacionales que consideran esta figura contraria a los derechos humanos.

“Grave resulta esta iniciativa también en el sentido de que permitiría que funcionarios eludan responsabilidades, al contemplar que aleguen imposibilidad de cumplimiento sin sanciones personales, debilitando la facultad del juzgador federal de hacer cumplir sus resoluciones”.

“Estas medidas, de aprobarse, afectarían directamente a la ciudadanía, pues dejarían a los mexicanos con menos herramientas para defenderse de abusos, arbitrariedades administrativas y actos que vulneren sus derechos humanos”.

Se trata de una reforma “pro-autoridad”, que erosiona el Estado de Derecho y debilita el principal contrapeso ciudadano frente al poder público, toda vez que el amparo no es un privilegio, sino que es la última defensa de todo ciudadano ante actos arbitrarios del Estado.

“Esta Barra de abogadas, hace un llamado urgente al Congreso de la Unión para abrir un debate amplio, incluyente y transparente, en el que participen especialistas, sociedad civil, colegios y barras de abogados, así como organismos de derechos humanos, antes de aprobar una reforma que limitaría uno de los pilares más importantes de la justicia en México y a la sociedad en general a informarse sobre las graves consecuencias que implicaría esta reforma de ser aprobada”, finalizó.