Reforma a ley del agua pone en riesgo inversiones productivas: Marcos Carlón

ENSENADA.- Marcos Carlón, abogado, advirtió que las propuestas de modificación al marco legal en materia de recursos naturales, en particular al régimen de concesiones de agua, representan un factor de riesgo para la inversión productiva en México y en regiones como Baja California.
El integrante del Colegio de Abogados de Ensenada señaló que los cambios planteados introducen nuevas condiciones para la operación, renovación y transmisión de concesiones, lo que impacta directamente a sectores económicos que dependen de autorizaciones administrativas para su funcionamiento.
Indicó que la incertidumbre jurídica se genera cuando las reglas que dieron origen a inversiones de largo plazo son modificadas sin criterios claros de transición, lo que obliga a las empresas a replantear su planeación legal, financiera y operativa.
Carlón explicó que industrias como la agrícola, industrial, turística y de servicios enfrentan escenarios de mayor exposición jurídica al depender de títulos concesionados que podrían ser sujetos a revisiones, limitaciones o cancelaciones bajo nuevos esquemas normativos.
Precisó que el problema no radica únicamente en la actualización de la legislación, sino en la amplitud de facultades discrecionales que podrían concentrarse en la autoridad administrativa, lo que reduce la previsibilidad para quienes invierten bajo marcos legales previamente establecidos.
El especialista subrayó que la seguridad jurídica es un componente central para la atracción y permanencia de inversiones, especialmente en entidades fronterizas donde la competencia por capital productivo es constante y comparativa frente a otros mercados.
Añadió que, ante este contexto, las empresas deben fortalecer su estrategia legal preventiva, revisar el estado de sus concesiones y anticipar escenarios regulatorios para evitar afectaciones patrimoniales y operativas.
Finalmente, Marcos Carlón sostuvo que cualquier reforma en materia de recursos naturales debe considerar el equilibrio entre el interés público, la sostenibilidad y la certeza jurídica, a fin de no comprometer el desarrollo económico ni la estabilidad de los sectores productivos.