Advierte CCE impacto estructural por endeudamiento estatal

TIJUANA.- Ante la aprobación de nuevos esquemas de financiamiento público, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, realizó un análisis financiero en el que señala la necesidad de evaluar con responsabilidad el impacto acumulativo de la deuda estatal y sus efectos en la estabilidad presupuestal de Baja California.
El presidente del organismo, Roberto Lyle Fritch, detalló que el crédito autorizado el 12 de febrero de 2026 por 2,960 millones de pesos contempla un plazo de 30 años con 36 meses de gracia y un costo financiero total proyectado de 9,778 millones de pesos, de los cuales 6,818 millones corresponden exclusivamente a intereses.
“Por cada peso solicitado se pagarán aproximadamente 3.3 pesos al concluir el periodo estimado en 2056, lo que obliga a evaluar con rigor la sostenibilidad financiera de estos compromisos”, manifestó.
Explicó que hasta 2,686 millones de pesos se destinarán a infraestructura relacionada con la red de distribución de la desaladora de Rosarito y hasta 270 millones al Sistema Integral Macro Distribución de Agua Potable en San Quintín, además de incluirse un fondo de reserva equivalente a un mes de servicio de deuda.
Por lo que la fuente de pago será el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISN), cuya tasa actual es de 4.25 %, misma que en noviembre de 2022 aumentó de 3 a 4.25 %, lo que representa un incremento de 1.25 puntos porcentuales y un alza relativa de 41.6 % en la carga tributaria sobre la nómina.
Lyle Fritch recordó que durante 2025 el ISN recaudó aproximadamente 5,250 millones de pesos y que al comprometerse como fuente de pago a 30 años, parte de este ingreso queda estructuralmente destinado al servicio financiero, reduciendo el margen de maniobra fiscal ante escenarios económicos adversos.
Señaló que entre el 12 y 19 de diciembre de 2025 se contrataron cinco créditos de corto plazo por un monto acumulado de 3,150 millones de pesos con Banregio, Santander y BBVA, todos con vencimientos programados en 2026, lo que incrementa la presión inmediata de liquidez.
Adicionalmente existen obligaciones por 2,200 millones de pesos para obras hídricas con plazo de 12 años y 1,315 millones para infraestructura vial bajo esquemas plurianuales de aproximadamente 144 meses entre 2027 y 2039, por lo que la deuda estructural considerada asciende a 6,475 millones de pesos y podría superar los 23,483 millones al cierre de la actual administración, recalcó.
Finalmente, el presidente del CCE Tijuana, subrayó que si bien el financiamiento público es una herramienta legítima de política económica, la concentración de compromisos de largo plazo exige disciplina fiscal, transparencia y planeación estratégica para evitar un efecto acumulativo que comprometa la estabilidad financiera del Estado.