Reforma judicial 2026 no resuelve el problema de fondo: Estefanía Campos García

TIJUANA.- Desde el año 2024, diversas barras, colegios de abogados, académicos y especialistas manifestaron públicamente su preocupación sobre la reforma judicial original, al considerar que existían riesgos importantes para la independencia judicial, la carrera judicial y la preparación técnica de quienes imparten justicia.

Hoy, las nuevas modificaciones propuestas por el propio Estado, como aplazar la elección judicial a 2028, homologar evaluaciones y fortalecer la capacitación obligatoria a través de la Escuela Judicial, demuestran que muchas de las observaciones realizadas desde un inicio tenían fundamento.

La presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, Lic. Estefanía Campos García señaló que resulta positivo y necesario que ahora se reconozca la necesidad de fortalecer los filtros técnicos y la preparación de jueces y magistrados, porque la impartición de justicia requiere conocimiento, experiencia y formación constante.

Sin embargo, esta nueva reforma no resuelve completamente el problema de fondo: garantizar una verdadera independencia judicial.

Capacitar y evaluar a quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es necesario, pero dichos procesos deben mantenerse alejados de cualquier influencia política. La justicia debe responder únicamente a la Constitución y a la ley.

“Por ello, considero indispensable que la Escuela Judicial tenga una participación prioritaria y determinante en la selección de aspirantes. El primer filtro debe recaer exclusivamente en el propio Poder Judicial, mediante exámenes técnicos de conocimiento, capacidad jurídica y perfil jurisdiccional”.

La función jurisdiccional requiere un nivel de especialización distinto al de otros cargos públicos. Por ello, permitir que el primer filtro técnico sea realizado por la Escuela Judicial no representa un privilegio, sino una garantía de profesionalización, mérito y autonomía institucional para la ciudadanía.

Solamente quienes acrediten esa primera evaluación deberían pasar posteriormente a otras etapas de revisión. Asimismo, los mecanismos posteriores deben ser transparentes, autónomos y con participación plural de universidades, especialistas y barras de abogados, evitando discrecionalidad en decisiones tan delicadas para el país.

“México necesita fortalecer su sistema de justicia, pero cualquier reforma debe construirse con responsabilidad, diálogo técnico y pleno respeto al Estado de Derecho”, finalizó.