Piden revisión urgente a sistemas de protección infantil en BC tras caso “Vicentito”

MEXICALI.- Para identificar y corregir fallas institucionales que ponen en riesgo a las infancias, el Pleno del Congreso de Baja California aprobó un exhorto de urgente resolución impulsado por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, exigiendo al Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Sistema DIF una revisión profunda de sus mecanismos de protección familiar.
Tras la dolorosa pérdida de Vicente, un niño de tres años que falleció el pasado 2 de mayo por exposición prolongada al calor al interior de un vehículo, la legisladora llevó el caso a la máxima tribuna del Estado donde advirtió que, más allá de las responsabilidades penales, esta tragedia obliga a las instituciones a revisar las redes de apoyo y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan miles de familias.
"En el debate público se ha dejado en segundo plano lo realmente importante: la precarización de los cuidados, la salud mental y la sobrecarga emocional y económica de quienes cuidan; reducir este doloroso caso únicamente a la condena social invisibiliza las condiciones estructurales y nos impide generar cambios reales para proteger a la niñez", sentenció Sánchez Allende.
El acuerdo legislativo solicita formalmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la titular de la FGE y a la presidenta del DIF Baja California, un informe detallado sobre el estado de los procedimientos de custodia, convivencias y medidas de protección infantil.
La diputada precisó que estas dependencias deberán transparentar sus tiempos promedio de atención, su carga de trabajo actual y los posibles rezagos existentes en la aplicación de pruebas periciales, valoraciones psicológicas y estudios de trabajo social, áreas clave para dictaminar entornos seguros.
Finalmente, Sánchez Allende hizo un llamado a que toda actuación judicial y gubernamental se ejecute bajo una perspectiva de género y de derechos de las infancias. Subrayó que el objetivo de esta auditoría institucional es garantizar que la justicia funcione como un escudo preventivo y no solo reaccione frente a la tragedia, apostando por reconstruir el tejido social desde la empatía y la corresponsabilidad.