Será procesado excontralmirante Fernando Farías por caso de huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso la mañana de este jueves por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, tras una segunda audiencia privada y virtual celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La diligencia se llevó a cabo sin acceso a medios de comunicación, por determinación de la propia jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución pone fin a la fase inicial del proceso penal contra el exmando naval. La jueza ratificó además la prisión preventiva oficiosa por la probable intervención en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos en la modalidad de ocultamiento, por lo que Farías Laguna permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez.

La audiencia de este jueves fue la tercera y última fase de la diligencia inicial. El sábado 22 de agosto, la defensa del excontralmirante solicitó la duplicidad del plazo constitucional —de 72 a 144 horas— para preparar sus argumentos y revisar los aproximadamente 100 datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal (MPF).

La segunda fase se celebró la mañana y tarde del miércoles, pero las partes acordaron un receso para este jueves, cuando la jueza emitió la resolución definitiva sobre la vinculación a proceso.

El trabajo del MPF, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), permitió formular una imputación sólida ante la autoridad judicial. Sin embargo, fue en la continuación de la audiencia inicial donde la FGR obtuvo tanto la vinculación a proceso como la ratificación de la prisión preventiva oficiosa.

El abogado Epigmenio Mendieta, titular del despacho Mendieta y Asociados, confirmó antes de la audiencia que la defensa presentó peritos y testigos. “No existen datos que puedan involucrar al excontralmirante Fernando Farías Laguna a las aduanas a las que nunca ha pertenecido”, sostuvo el litigante.

La audiencia se desarrolló de forma remota, con la jueza, la FGR y la defensa conectadas por videollamada. La juzgadora había determinado desde el arranque de la diligencia, el viernes 22, que el caso contenía información cuya difusión podría afectar a la seguridad nacional, argumento con el que la FGR justificó la reserva del procedimiento.

El despacho Mendieta y Asociados se opuso desde el inicio a la celebración de la audiencia a puerta cerrada. La defensa argumentó que el artículo 20 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen la publicidad como regla y la restricción como excepción. “Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, señaló el comunicado del despacho.

Mónica Gámez, esposa del excontralmirante, también exigió que la audiencia fuera abierta. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, reveló que Farías Laguna tiene problemas cardiacos y manifestó su temor por la salud de su marido en reclusión. “Duerme a ratitos, no duerme una noche completa”, describió.

La esposa del imputado también denunció haber recibido amenazas. Afirmó que le advirtieron que, si concedía entrevistas, le abrirían una carpeta de investigación en su contra.

Fernando Farías Laguna es excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) y sobrino político del exsecretario de la institución José Rafael Ojeda Durán. La FGR lo señala como uno de los presuntos líderes de la red conocida como “Los Primos”, junto con su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encontraba recluido en el Altiplano desde septiembre de 2025.

La red operó en cinco estados del país: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. El esquema consistía en introducir buques tanque a los puertos de Tampico y Ensenada con hidrocarburos declarados como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.

Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto. Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio, y esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) documentó el esquema desde 2024, cuando el entonces titular de la Semar compartió a la fiscalía los primeros indicios de las operaciones de la red. Las fuentes de Reforma señalan que la organización permitió el ingreso de al menos 31 buques con huachicol fiscal a Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.