El Gobierno de México está considerando interponer una demanda formal contra la empresa aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, por la presunta contaminación ambiental generada tras la explosión del cohete Starship ocurrida el pasado 18 de junio en Texas.

De acuerdo con reportes de expertos en medio ambiente y biólogos marinos, restos del vehículo espacial habrían cruzado el Río Bravo, llegando a costas mexicanas del estado de Tamaulipas. Investigaciones preliminares indican que los fragmentos, algunos de gran tamaño, han afectado áreas protegidas del litoral y representan una amenaza directa para especies endémicas de flora y fauna.

Los primeros hallazgos fueron documentados por residentes y pescadores locales, quienes comenzaron a reportar piezas metálicas entre la arena y zonas de manglar. Organizaciones ambientalistas como el CEMDA han exigido al gobierno federal que actúe conforme al derecho internacional ambiental y exija responsabilidades por los daños.

Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) confirmaron que el incidente forma parte de una serie de avistamientos de restos espaciales desde abril de 2023, tras lanzamientos recurrentes del programa Starship. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido a la cancillería mexicana explorar vías diplomáticas y jurídicas ante Estados Unidos.

Por su parte, SpaceX no ha emitido una declaración oficial al respecto, aunque especialistas legales señalan que este caso podría sentar un precedente internacional sobre la responsabilidad de empresas privadas en el uso del espacio y sus consecuencias transfronterizas.