Tijuana
Denuncian madres buscadoras, abandono y falta de apoyo del Estado durante Jornada Nacional de Búsqueda
Falta de coordinación, ausencia de seguridad, escasez de alimentos y recursos insuficientes, fueron parte de la problemática que enfrentaron las familias durante la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas en BC
Los colectivos Una Nación Buscándote y Ponte en Nuestras Botas Baja California, denunciaron la falta de respaldo de autoridades de todos los niveles.
TIJUANA.- Falta de coordinación, ausencia de seguridad, escasez de alimentos y recursos insuficientes fueron algunas de las problemáticas que enfrentaron las familias buscadoras durante la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas en Baja California.
Los colectivos Una Nación Buscándote y Ponte en Nuestras Botas Baja California, denunciaron la falta de respaldo por parte de las autoridades estatales y municipales, pese a que la jornada había sido notificada con meses de anticipación.
Angélica Ramírez, integrante de Una Nación Buscándote, señaló que desde mayo se informó oficialmente a las autoridades sobre la realización de esta jornada anual, en la que participan familias de diferentes partes del país con la esperanza de localizar a sus seres queridos, tanto en campo como en vida.
Sin embargo, aseguró que el aviso anticipado no se tradujo en una coordinación efectiva para atender las necesidades de quienes participaron.
“Desde mayo fue la notificación y no hubo una coordinación. Fueron muchas las deficiencias de apoyo en los temas del municipio y el Estado no quería realizar la brigada porque decía que no tenía dinero. Al último, le dio la responsabilidad a los municipios”, explicó.
Entre las principales deficiencias mencionó la falta de organización para garantizar alimentos, hospedaje, regaderas y seguridad. Indicó que en distintos municipios de Baja California las familias tuvieron que enfrentar la ausencia de responsables de coordinación, lo que complicó el desarrollo de las actividades.
Uno de los episodios más delicados ocurrió durante una búsqueda en un predio, donde las familias esperaron aproximadamente cuatro horas para obtener autorización de ingreso, debido a desacuerdos entre las autoridades sobre los permisos y las condiciones legales del terreno. Finalmente, ante la falta de una respuesta oportuna, los colectivos decidieron ingresar por su cuenta.
Ramírez denunció que las familias quedaron expuestas a situaciones de riesgo, pues ninguna corporación quiso acompañarlas al sitio. Relató que salieron alrededor de las 8:00 de la mañana y tuvieron que caminar aproximadamente cuatro kilómetros sin agua ni seguridad, pese a que existía una ruta que permitía acercarse al predio y evitar un mayor desgaste físico de las participantes.
“Nos dejaron sin seguridad. Nadie, absolutamente nadie de la Policía Estatal, Policía Municipal, Fiscalía ni Guardia Nacional quiso subir a acompañarnos”, reprochó. Agregó que en ese terreno se han contabilizado hasta el momento 16 hallazgos y denunció que, pese a ello, no se habían realizado aseguramientos ni detenciones relacionadas con el sitio.
Pese a las dificultades, la brigada reportó nueve positivos en campo y cinco positivos en vida. Además, permanecían pendientes de confirmación dos posibles positivos en centros penitenciarios y otros dos casos en el Servicio Médico Forense (Semefo), correspondientes a personas originarias de Guanajuato y Guerrero.
La falta de recursos también se reflejó en la alimentación de las participantes. La activista relató que 16 madres buscadoras que realizaron actividades de búsqueda en vida en Tijuana se quedaron sin alimentos y que, al solicitar apoyo, recibieron como respuesta que no había presupuesto suficiente. Según su testimonio, el municipio habría destinado únicamente 700 pesos, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda también argumentó no contar con recursos para cubrir los gastos.
“¿Cómo es posible que dejen a 16 madres buscadoras sin comer? Nos dijeron que no había dinero para solventar la comida, pero sí hay dinero para otras cosas”, cuestionó. Explicó que fue mediante aportaciones económicas y donaciones de la ciudadanía que lograron cubrir los alimentos y adquirir artículos de higiene personal, protección y seguridad para las participantes.
La integrante de “Una Nación Buscándote” también denunció presuntas amenazas para evitar que las familias hicieran públicas las deficiencias de la brigada. Aseguró que una subsecretaria les advirtió que, si realizaban una rueda de prensa o daban a conocer lo ocurrido, el próximo año podrían quedarse sin albergues porque los municipios podrían negarles el apoyo.
Asimismo, cuestionó que las autoridades pretendieran atribuirse las aportaciones realizadas por la sociedad civil. “Si el Gobierno actuara realmente como debe, no tendríamos que pedirle apoyo a la ciudadanía. La ciudadanía fue la que sacó adelante la brigada”, sostuvo.
Ramírez recordó que esta es la séptima ocasión consecutiva en que participan en estas jornadas y lamentó que, después de tantos años, continúen enfrentando las mismas dificultades para conseguir transporte, hospedaje, alimentación y acompañamiento institucional.
Aclaró que las familias no solicitan hoteles ni instalaciones costosas, sino condiciones básicas para realizar las búsquedas con dignidad y seguridad. “Lo único que pedimos es transporte y un lugar donde vivir; no estamos pidiendo un hotel, dormimos en el suelo, en colchonetas y con cobijas”, expresó.
Ante los próximos cambios de gobierno municipal y estatal, la buscadora manifestó su expectativa de que las nuevas administraciones tengan mayor sensibilidad y voluntad política para atender a las familias.
También pidió a los diputados impulsar un presupuesto específico para las brigadas y solicitó la intervención de los organismos de Derechos Humanos, tanto estatal como nacional, para que documenten las omisiones y los riesgos a los que fueron expuestas las participantes y, en su caso, emitan una recomendación.
Finalmente, insistió en que la búsqueda de personas desaparecidas no puede depender de las donaciones ciudadanas ni del esfuerzo económico de las propias familias, sino que requiere el compromiso de las instituciones responsables. “Son siete años pidiendo las mismas gestiones y la misma coordinación. Ya saben el camino, pero simplemente no hay sensibilidad, no hay empatía”, concluyó.
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